La elaboración colectiva de una Carta de Buenas Prácticas es un proyecto ambicioso, que busca superar la fragmentación, el andar a ciegas y la falta de previsión. Tratamos de establecer un marco común. Supone al tiempo una necesidad y una oportunidad: una necesidad de abrir una reflexión a partir del rescate de experiencias que han sido y están siendo válidas en materia de gestión del patrimonio; y una oportunidad de incorporar las voces de expertos, responsables políticos, técnicos y ciudadanos, buscando el mayor grado de consenso y de riqueza de voces.
No cabe duda que hemos avanzado con la declaración del BIC Zona Arqueológica, largamente esperado estos años pasados para dar coherencia a todo el territorio de Valencina-Guzmán. Sin embargo, aún queda bastante camino por recorrer hasta tornar en efectiva la participación ciudadana prometida y legislada, y hacer crecer el interés científico por el yacimiento en base al desarrollo de la investigación y la difusión. Aún queda bastante hasta entender algo que nos parece esencial: que investigación y difusión son aspectos de un mismo proceso que ha de estar integrado.
Desde un primer momento, el movimiento ciudadano ha demandado la necesidad de contar con una visión global sobre la investigación y difusión en el yacimiento. Mientras, la mayoría de las actuaciones son producto de una política errática y una concepción turística, centrada en la construcción de equipamientos. La carencia de un programa común para todo el ámbito provoca duplicidades, un gasto presupuestario confuso, prioridades arbitrarias, desaprovechamiento de recursos y de oportunidades. Valga el ejemplo de la coexistencia de dos propuestas municipales de construcción de sendos Centros de Interpretación, uno en Valencina y otro en Castilleja de Guzmán, ambos situados a menos de 1 km de separación.
Sin entrar en polémicas sobre la necesidad de contar con nuevas figuras como la Zona Patrimonial o la creación del Parque Arqueológico y Paisajístico, o el Parque Cultural, creemos que hemos avanzado en la concepción de la unidad de conjunto para todo el yacimiento, pese a que el BIC planteado nos deja un sabor agridulce por las expectativas que había creado y el resultado final conseguido en cuanto a la protección del área. Resta aún esperar un tiempo para comprobar el resultado de las aplicaciones reales que se derivarán de las estrategias de conservación, investigación y difusión, aprovechando las oportunidades que la nueva figura normativa posibilita y si realmente es eficaz para resolver las problemáticas que actualmente están teniendo lugar en el yacimiento.
Aceptando este marco, desde el movimiento ciudadano creemos que hay una serie de principios que han de constituir la base del modelo de gestión en la zona; y que son los principios generales sobre los que ha de reflexionar y abrir el debate dicha Carta de Buenas Prácticas:
1. Es prioritario el diseño y consenso de un proyecto global, un Plan director de carácter estratégico que incorpore las voces de expertos, técnicos, responsables políticos y ciudadanos. No se puede seguir pensando en políticas fragmentarias, atomizadas, basadas en la inauguración de equipamientos y en acciones a impulsos, que ponen en peligro la riqueza del territorio.
2. Consideramos fundamental integrar los procesos de investigación y de difusión, consolidar y rentabilizar equipamientos y aumentar los recursos. Cualquier intervención en el área, tanto para excavación, estudio, conservación o protección, debería encontrarse contenida dentro de una línea de actuación general, donde estén contemplados los objetivos, plazos y metodologías que deberían seguirse en cada caso.
3. Es preciso avanzar en la reivindicación de la figura del “Paisaje megalítico de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán”, tal como aparece en el expediente para la inscripción en la lista de la Categoría de Patrimonio Europeo, de Las Grandes Piedras de la Prehistoria, los Sitios y Paisajes Megalíticos de Andalucía.
4. Reforzar el significado de unidad de la zona arqueológica con una estrategia común de difusión, superando las soluciones particulares que cada municipio trate de emprender de forma unilateral.
5. Preservar el paisaje prehistórico de cualquier alteración agresiva. Para ello proponemos descartar la construcción de edificios en lugares de máxima protección y cercanos a los dólmenes o en ámbitos de interés paisajístico, aún cuando tengan como destino un uso de equipamiento cultural.
6. Ubicar las infraestructuras que se consideren necesarias para la difusión de la zona arqueológica en el ámbito de los cascos urbanos para el incentivo del desarrollo local basado en el turismo cultural.
7. Considerar el papel del Museo de Valencina como la única infraestructura existente para la difusión de la zona arqueológica y se consideren sus posibilidades de adaptación, actualización y ampliación tanto de su edificio como de sus contenidos.
8. El objeto de difusión no debe ser varios dólmenes aislados; la zona arqueológica la componen el poblado, la necrópolis, el paisaje arqueológico y las conexiones entre todos estos elementos, con áreas que aún permanecen vírgenes y permiten una lectura evidente del pasado prehistórico. Proponemos aproximar al visitante a la realidad de un territorio cultural complejo con toda una red de elementos, mediante el diseño de recorridos por actuales caminos –que precisarían de su acondicionamiento- para provocar su "inmersión" en el paisaje prehistórico.
9. Considerar los parámetros culturales en la gestión urbanística y en toda planificación territorial y urbana. Territorios de la riqueza de Valencina-Guzmán, no solo deben evitar el riesgo extremo al que se ha visto sometido nuestro patrimonio cultural local, propiciando los cambios normativos necesarios para eliminar esa sutil brecha entre la protección jurídica y la protección real de los bienes culturales; sino que han de desarrollar modelos de planificación y gestión urbanística basados en principios y valores culturales que activen la riqueza, potencialidades y diversidad del territorio.
10. Trabajar con metodologías que favorezcan el equilibrio entre todos los actores que intervienen en el territorio. Las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre interés público y privado, vocación pública, ciudadanista, e institucionalización de la cultura. Una excesiva institucionalización, o la excesiva prevalencia de una idea turística y vinculada al desarrollo del patrimonio como instrumento de mercado cultural y como único criterio para la asignación de recursos culturales, comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los sistemas culturales. La iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o reunidos en entidades y movimientos sociales es la base de la riqueza y la libertad cultural.
